Obras inconclusas, impunidad y responsabilidades difusas agravan la crisis hídrica en el AMG

Diana Alonso 

Dos años después de que la presa El Zapotillo fue inaugurada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, persiste la controversia sobre la cantidad de agua que esta infraestructura aporta al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). 

Durante la inauguración de la presa, realizada en agosto de 2024, se anunció que el sistema Zapotillo llevaría tres metros cúbicos de agua por segundo a la ciudad y beneficiaría a más de un millón de personas. Alfaro afirmó que las obras garantizarían el abastecimiento de la metrópoli durante los siguientes 50 años.  

Sin embargo, Julián Somoza, consultor en hidráulica e hidrología y profesor del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano (DHDU) del ITESO, sostuvo que los registros disponibles no respaldan esa narrativa. Durante la conferencia “¿Qué define quién tiene agua?”, planteó que las obras necesarias para aprovechar por completo el sistema todavía no están concluidas. 

“No hay una sola gota de aportación del Zapotillo aún al sistema de presas […] que abastece a la ciudad”, dijo.  

La charla formó parte del cierre del Foro Universitario de Análisis Crisis del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, iniciativa impulsada por sociedades de alumnos y académicos del ITESO para discutir la planeación, el abastecimiento y la calidad del agua desde diferentes disciplinas.  

Según explicó Somoza, El Zapotillo forma parte de un sistema compuesto también por El Salto y la red Calderón. No obstante, su capacidad depende de otras instalaciones, entre ellas las plantas de bombeo, las obras de energización, el acueducto que conduce el agua a San Gaspar y la capacidad de la Planta Potabilizadora Número Tres. 

A partir de los flujos registrados en las presas, el académico cuestionó que El Zapotillo entregara a la ciudad los dos metros cúbicos por segundo señalados por las autoridades. De existir esa aportación, argumentó, la salida registrada en Calderón tendría que ser mayor. “Si de verdad hubiera esa aportación […] esta salida de Calderón que vemos aquí debería ser de 3.6 metros cúbicos por segundo, 0.9 metros cúbicos por segundo más que lo que está reportando”, expuso. 

Además, las obras eléctricas necesarias para operar las estaciones de bombeo están incompletas, según registros la Auditoría Superior de la Federación: “La Auditoría […] reconoce que aún no están completadas estas obras y, sin estas obras, no se pueden entregar los dos metros cúbicos por segundo que el gobierno federal presume que ya está aportando”.  

Para Somoza, el caso de El Zapotillo es un claro ejemplo de los conflictos que surgen cuando una obra depende de distintas autoridades. Mientras el gobierno federal atribuyó al estatal algunas de las obras pendientes, la construcción de las estaciones y subestaciones eléctricas necesarias para operar el bombeo corresponden a la federación. Estas responsabilidades divididas dificultan determinar quién debe concluir, financiar y operar la infraestructura, así como quién debe responder cuando esta no entrega el agua prometida.  

¿Quién se sienta a la mesa del agua? 

Los ríos, lagos, acuíferos y cuencas no distinguen fronteras humanas. Un mismo sistema hídrico puede atravesar varios municipios, estados, incluso países, lo que reparte su gestión entre autoridades con atribuciones, intereses y capacidades distintas. 

Somoza explicó que el artículo 27 de la Constitución establece que el agua es un recurso de la nación. Por tanto, le corresponde resguardarla y otorgar las concesiones para su extracción y aprovechamiento. 

Los gobiernos estatales, de acuerdo con la legislación de cada entidad, colaboran en la planeación y construcción de obras hidráulicas de gran escala, como presas, acueductos y plantas de bombeo. Por su parte, el artículo 115 constitucional asigna a los municipios la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

En palabras del académico, los municipios son quienes deben encargarse de que el agua “llegue a tu casa y se vaya de tu casa”. En el AMG, esta responsabilidad se ejerce a través del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).  

El problema aparece en las tareas que se cruzan o que quedan fuera de esa distribución formal. Somoza llamó “zonas grises” a los asuntos en los que no existe una responsabilidad plenamente definida: “¿Quién paga por el bombeo? ¿Quién responde por la calidad? ¿Por qué no hay sanciones para todas estas descargas que están reportando, que se encuentran y que se clausuran? ¿Y quién arbitra entre estados?”, cuestionó.  

Los consejos de cuenca deberían funcionar como espacios de coordinación entre las entidades que comparten los recursos hídricos. Sin embargo consideró que su capacidad para arbitrar las decisiones no siempre es clara. 

Como ejemplo de las consecuencias de estas indefiniciones, presentó las condiciones de la cuenca Lerma-Chapala, la cual presenta un déficit de 586 hectómetros cúbicos en aguas superficiales y de 384 hectómetros cúbicos en acuíferos. Esto significa que la presión ejercida sobre las fuentes de agua supera su disponibilidad y su capacidad de recarga.  

La cuenca también registra 298 sitios de monitoreo que incumplen, al menos, un parámetro de calidad del agua. De ellos, 232 se encuentran en el semáforo rojo de la clasificación utilizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al superar indicadores de demanda biológica y química de oxígeno o toxicidad. “Las condiciones más degradantes para el ambiente y de mayor riesgo para la salud humana”, añadió Somoza. 

Además de las autoridades, hay organizaciones que influyen en la discusión. Una de ellas es el Consejo Consultivo del Agua (CCA), integrado por representantes de los sectores privado, social y académico. Explicó que una de las críticas hacia este organismo es que la representación (y por lo tanto, el poder de decisión) es principalmente de actores privados. 

En el ámbito técnico se encuentra la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS) de México, integrada por organismos operadores, instituciones y empresas relacionadas con el sector. Aunque esta participa en las discusiones técnicas y legislativas, el académico señaló que no integra directamente a usuarios ni comunidades. 

La participación ciudadana se canaliza mediante el Consejo Ciudadano Metropolitano del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan). Este organismo formula observaciones y propuestas, pero estas no son obligatorias para las autoridades. Una iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco busca darle mayor influencia en las decisiones relacionadas con el agua. 

Un sistema vulnerable a la contaminación 

Antes del cierre de Las Pintas, más de 60 por ciento del agua que consumía el AMG provenía del lago de Chapala. Es decir, casi dos de cada tres litros llegaban desde esa fuente por el acueducto Chapala-Guadalajara y el llamado sistema antiguo. 

Este último comenzó a operar en 1957 y recorre alrededor de 92 kilómetros a cielo abierto. El agua que sale del lago continúa por el río Santiago y atraviesa los canales de Atequiza y Las Pintas hasta llegar a la presa del mismo nombre. Desde ahí es conducida hacia el sistema de plantas potabilizadoras de la ciudad.  

A lo largo de este viaje, atraviesa zonas agrícolas, industriales e inmobiliarias que ponen en riesgo la calidad del agua. En la zona agrícola persiste el riego por arrastre y existe la posibilidad de que fertilizantes y otros productos químicos lleguen al sistema. Entre los canales de Atequiza y Las Pintas se encuentra un corredor con alrededor de 300 industrias, mientras que en la parte final se concentra una intensa expansión urbana. Somoza señaló que se han identificado aproximadamente 150 descargas irregulares en el trayecto. A ello se agregan la vigilancia insuficiente, las sanciones débiles, las tomas clandestinas y décadas de rezago en el mantenimiento de presas, canales y otras instalaciones. Una temporada de lluvias intensas, aunada a la contaminación generada por las actividades mencionadas, desbordó los sistemas de aguas residuales y arrastró desechos hacia la presa Las Pintas y canales de abastecimiento como el de Atequiza. Esto evidenció la presencia de descargas contaminantes, cuyo contenido finalmente llegó a los hogares. 

El cierre de las compuertas de la presa evitó que el agua contaminada continuara su recorrido hacia las plantas potabilizadoras de la ciudad. Sin embargo, el descenso del nivel del embalse dejó al descubierto basura, sedimentos, maleza y otros residuos acumulados. La organización comunitaria Un Salto de Vida denunció que los lodos extraídos durante las labores de desazolve eran depositados en terrenos de El Salto, Tlaquepaque y Tlajomulco. “¿Por qué se le da tanta prioridad a esta solución de la limpieza con maquinaria? Porque trae muchos intereses económicos. Todo esto son máquinas que, de otra manera, estarían paradas sin recuperar su inversión”, añadió Somoza. 

Mientras continúen las descargas irregulares y no se vigile el cumplimiento de la normatividad por parte de industrias, actividades agrícolas y desarrollos inmobiliarios, los residuos volverán a acumularse. 

La suspensión del sistema antiguo también modificó el abastecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara: ahora, alrededor de 50 por ciento del agua proviene de Chapala, 22 por ciento del sistema Calderón y 28 por ciento de los pozos metropolitanos. “Las autoridades no nos han proporcionado cuáles serían los efectos de esta sobrecarga que van a estar sufriendo los pozos y el sistema del río Verde durante estos meses que el sistema antiguo esté clausurado”. 

Sustituir una red envejecida  

Las fallas del sistema no terminan cuando el agua entra a las plantas potabilizadoras. Después debe pasar por tanques de regulación y recorrer una extensa red de tuberías antes de llegar a los hogares. 

De acuerdo con datos del Siapa, presentados ante el Congreso de Jalisco y recuperados por el académico, 66 por ciento de los aproximadamente ocho mil 600 kilómetros que conforman la red del organismo tiene al menos 30 años de antigüedad. Es decir, gran parte de la infraestructura ya superó su vida útil, lo que puede provocar fugas, roturas y acumulación de sedimentos. Su deterioro también dificulta identificar en qué punto se modifica la calidad del agua, pues los contaminantes pueden estar presentes desde la fuente, incorporarse durante la conducción o acumularse en las tuberías que atraviesan la ciudad. 

Aunque algunos tramos cuentan con telemetría y métodos modernos de medición, esta tecnología disminuye conforme el agua se adentra en las colonias. Muchas válvulas todavía son abiertas y cerradas manualmente por trabajadores, quienes determinan los tiempos de distribución a partir de su experiencia y conocimiento de la red. 

La falta de sectorización y de información precisa explica por qué los tandeos anunciados no siempre coinciden con los horarios y las zonas en las que realmente llega el agua. De acuerdo con el expositor, dotar a toda el área de servicio de sistemas de hidrometría y de una sectorización adecuada requeriría una inversión aproximada de mil millones de pesos.  

En octubre de 2026, los gobiernos federal y estatal anunciaron una inversión conjunta cercana a 25 mil millones de pesos. El plan contempla la construcción de un acueducto alternativo al actual Chapala-Guadalajara, la conducción de agua entre Calderón y San Gaspar, la ampliación de la planta potabilizadora de San Gaspar y la modernización de la PP1. 

Sin embargo, para Somoza ninguna inversión resolverá por sí sola el conflicto, mientras persistan las descargas irregulares, la debilidad de las sanciones y la falta de coordinación entre las autoridades. Además, las obras anunciadas no contemplan la reparación o sustitución de la envejecida red urbana del Siapa. 
Para dimensionar el costo de su renovación, el académico presentó un cálculo paramétrico basado en los aproximadamente ocho mil 600 kilómetros de tuberías que conforman el sistema. Considerando un costo de mil pesos por metro para abrir calles y banquetas, cambiar los conductos y reparar posteriormente el pavimento, estimó que sustituir toda la red costaría 8 mil 600 millones de pesos. 

Reiteró que la planeación hídrica no debe limitarse a construir infraestructura para incorporar nuevas fuentes de abastecimiento. También debe atender el deterioro de la red e impulsar el reúso y el aprovechamiento del agua de lluvia.  

Descentralizar y transparentar 

Para el académico, una de las alternativas consiste en descentralizar el abastecimiento, de modo que los hogares y edificios puedan cubrir una parte de sus necesidades sin depender exclusivamente de la red pública. Una opción es la captación pluvial por medio de los nidos de lluvia, lo que puede disminuir la demanda de agua potable en actividades como la limpieza, el riego y el funcionamiento de los sanitarios. Además, ofrece una fuente complementaria durante las interrupciones temporales del suministro. 

El académico señaló que la planeación de Guadalajara debería avanzar hacia el modelo de una ciudad sensible al agua, es decir, una urbe que coloca el ciclo hídrico en el centro de sus decisiones. Esto implica reducir el consumo, reutilizar el recurso, cuidar los cauces, controlar las descargas y coordinar el crecimiento urbano con la disponibilidad del agua. 

Además de las soluciones técnicas, insistió en la importancia de la participación ciudadana. Recomendó consultar el sistema de monitoreo de la Comisión Estatal del Agua, que realiza mediciones mensuales en distintos cuerpos de agua de Jalisco y permite descargar la información disponible. 
También sugirió presentar solicitudes de transparencia, ya que “son la mejor arma del ciudadano. Recomiendo hacerlas sin miedo y con una mentalidad de que es la autoridad quien te debe la información”.